Centroamérica ha sido un puente que conecta a los países productores de Suramérica con las naciones consumidoras en el norte, principalmente Estados Unidos. Este papel ha conducido al desarrollo de diferentes tipos de organizaciones criminales, algunas de ellas transnacionales, otras locales y muchas más hiperlocales.
Algunas de las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) tienen nombres que resultan familiares: el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, Los Zetas y Los Urabeños, y todas estas cuentan con agentes en Centroamérica. Dichas organizaciones les compran cocaína o base de coca a países productores como Colombia y Perú. Y supervisan el transporte del producto desde el punto de producción hasta el punto de venta.
En Centroamérica, supervisan a las organizaciones criminales de segundo nivel en esos países, que proporcionan el transporte de las drogas ilícitas. Estos llamados "transportistas" son a menudo grupos de familiares con largas trayectorias en delitos como el contrabando, el tráfico de personas y otras actividades criminales, lo que les ofrecen una base sólida para incursionar en el tráfico de estupefacientes.
Entre ellos se encuentran Los Cachiros, una organización hondureña que anteriormente controlaba una importante ruta por el norte de Honduras, entre Nicaragua y Guatemala.Los Cachiros se iniciaron como ladrones de ganado que vendían las reses robadas a una de las más destacadas familias de la élite del país. Con los años, sus posesiones de tierra crecieron tanto como su papel en el tráfico ilegal. Hacia septiembre de 2013, año en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los incluyó en su lista de capos (kingpin list),Los Cachiros habían acumulado entre US$500 y 800 millones en activos, muchos de los cuales estaban invertidos en plantaciones de palma africana, licencias mineras, hoteles, un conocido complejo turístico y un equipo de fútbol local.
Es este segundo nivel, es decir, los grupos de transportistas, los que generan las consecuencias más perjudiciales en lo que se refiere al tráfico de drogas. Los Cachiros financiaron partidos políticos de todas las tendencias, desde candidatos a alcaldías hasta congresistas y quizá incluso en niveles más altos. Sabotearon las investigaciones locales contra ellos y otros grupos, infiltrándose en la policía, las procuradurías locales y los juzgados de todo el país. Compraron empresas constructoras, para así poder ganar contratos con el gobierno y luego pagarles sobornos a los políticos que habían apoyado sus postulaciones durante las licitaciones. Apoyaron invasiones de terrenos de empresas rivales. Y asesinaron impunemente a sus rivales en el negocio del narcotráfico y a otras personas que se les opusieron.
El creciente tráfico de drogas en la región ha tenido además un efecto goteo. Los grupos narcotraficantes, desde las OCT hasta los transportistas locales, les pagan a los contratistas y colaboradores locales en especie. El resultante flujo de drogas ilícitas ha transformado las economías tradicionales: en InSight Crime hemos encontrado evidencias de venta de cocaína en polvo en los barrios más pobres de Honduras. Sin duda, esa no es la droga de preferencia en esos barrios, sino la marihuana. Pero esto da una idea de la cantidad de drogas que hay en el país y demuestra que la oferta a veces puede generar demanda.
Con mucha frecuencia, los distribuidores locales de esas drogas son las pandillas callejeras. Estas pandillas no tienen ningún papel en el tráfico internacional de drogas. Ellas se limitan a vender drogas a nivel hiperlocal. Este tráfico de drogas se ha convertido en una parte vital de la economía criminal de las pandillas y, por tanto, en fuente de tensión entre ellas. En otras palabras, la disputa por las proverbiales esquinas se ha vuelto extremadamente violenta en los últimos años y permite reconocer qué es lo que ha hecho de Centroamérica y, en particular de los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), la región más violenta del mundo sin estar en guerra.
El narcotráfico local ha permitido también que las pandillas acumulen armas más sofisticadas, establezcan refugios, compren empresas y extiendan su alcance político. En algunos lugares, hemos encontrado pandillas que controlan el mercado de drogas al por mayor. Y en los tres países del Triángulo Norte hay algunos miembros de las pandillas que están intentando convertirse en transportistas. Parece que todavía están lejos de alcanzar ese objetivo, pero algunos de ellos lo siguen intentando.
Consecuencias del tráfico de drogas
Las consecuencias del narcotráfico para la región son devastadoras. A continuación se presentan cuatro de las principales:
1) Corrupción
Las mencionadas redes de transportistas marcan la diferencia entre lo que cuestan las drogas cuando ellos las reciben y lo que cuestan cuando pasan al siguiente transportista. Nuestros cálculos indican que, con estas tarifas, una organización como Los Cachiros puede ganar entre US$5 y 12 millones al mes. En general, el tráfico en un país como Honduras puede generar unos US$700 millones al año, lo que representa el 4 por ciento del PIB, o cerca de la mitad de las exportaciones del principal producto del país, el café. Las estimaciones para Guatemala y El Salvador son similares, aunque El Salvador tiende a ser más un centro de lavado de dinero debido a su economía dolarizada.
El dinero es más que capital económico. Es también capital político y social. Las ganancias de estas redes de transporte ingresan a empresas legítimas e ilegítimas, las cuales proveen miles de puestos de trabajo y son un motor clave de la economía en muchas áreas. Los transportistas financian partidos políticos y candidatos, lo que les da voz y voto en materia de seguridad, así como estrategias de desarrollo económico. Ellos financian causas sociales, eventos religiosos y clubes de fútbol, muchos de los cuales llegan a las primeras divisiones y compiten en los campeonatos, como lo hizo el club financiado por Los Cachiros durante varios años.
En Estados Unidos entendemos lo importantes que son los deportes para el orgullo local. Y en nuestros encuentros con varias redes sociales que trabajan con Los Cachiros, en InSight Crime descubrimos que el equipo de fútbol era el lugar más importante donde las élites del país, los políticos y los traficantes se reunían y socializaban. En el caso de Los Cachiros, sus socios principales eran los Rosenthal, una prominente familia comercial y política del país. Se cree que Jaime Rosenthal, el patriarca de la familia, llegó a ser una de las personas más ricas de Centroamérica y fue vicepresidente de Honduras. Los Rosenthal poseían bancos, compañías de seguros, de televisión y de medios de comunicación, compañías de teléfono y comunicaciones, así como equipos de fútbol y muchas otras empresas.
Cuando me reuní con Jaime Rosenthal en junio de 2015 y le pregunté directamente sobre su relación con Los Cachiros, me dijo que él los conocía desde la década de los setenta. Los miembros de la familia que más tarde conformarían Los Cachiros llegaban a la planta de empaquetado de carne de los Rosenthal en un viejo camión para venderles su ganado. Dormían en el estacionamiento y se regresaban al día siguiente. Con el tiempo, Los Cachiros guardaron grandes cantidades de su capital en los bancos de los Rosenthal. El gobierno de Estados Unidos acusó a los Rosenthal en octubre pasado, al parecer por algunas de las interacciones que habían tenido con Los Cachiros. Pero estas relaciones entre grupos criminales y élites continúan en Honduras, El Salvador y Guatemala.
2) Impunidad
Los transportistas compran además a policías, fiscales y jueces. Influyen en los procesos judiciales desde el principio, tratando de asegurar en primer lugar que nadie inicie las investigaciones; y, en caso de que comiencen, buscan entorpecer las investigaciones.
Los Cachiros, por ejemplo, fueron intocables durante años. Nadie ni siquiera mencionaba el nombre de la familia que conformaba el grupo cuando yo empecé a indagar sobre él en el año 2010. En InSight Crime hablamos abiertamente sobre ellos, pero esto se debe en gran parte a que no estamos radicados en Honduras. Algunos periodistas hondureños me dijeron que temían mucho hablar, o que los narcotraficantes les pagaban para que no los incluyeran en sus reportajes.
La impunidad resultante es contagiosa y los patrones establecidos por los transportistas son repetidos por otros grupos criminales. Los organismos judiciales y de seguridad son comprados. Y los periodistas son amedrentados o se les paga por su silencio.
3) Violencia
Aunque es difícil de cuantificar porque la información es errónea o no está disponible, los transportistas están involucrados en la violencia que aqueja a esta región. Los mapas de las zonas más violentas coinciden con las áreas que se supone son las rutas de tráfico de drogas. Esto incluye el área donde Los Cachiros operaron anteriormente, el municipio de Tocoa, que constantemente ha registrado tasas de homicidio de cerca de 100 por cada 100.000 habitantes.
Además del papel de los transportistas en la violencia, que en gran parte es rural, debemos considerar los efectos colaterales de sus actividades en las zonas urbanas. Nos referimos en concreto a la violencia de las pandillas en las ciudades más grandes de la región. Como se describió anteriormente, las pandillas controlan muchos de los mercados de droga locales, donde distribuyen desde cocaína en polvo hasta diversas presentaciones de crack y marihuana. Se enfrentan entre ellas por el control del mercado, lo que según hemos visto en InSight Crime, constituye una de las principales causas de homicidios en estos países.
4) Migración
La mezcla de corrupción, impunidad y violencia es un factor que promueve la migración. Las zonas de donde parten la mayoría de los migrantes son las áreas donde los transportistas y las pandillas ejercen su violencia. La frustración y la falta de confianza que estos migrantes tienen en sus autoridades son evidentes en los innumerables testimonios que llegan a mi escritorio. Otros investigadores han realizado estudios más sistemáticos de estos factores, por lo que invito a esta asamblea a que los consulten al momento de considerar cómo abordar este asunto.
Las políticas de Estados Unidos
La política de Estados Unidos en lo que se refiere al tráfico de drogas en la región está evolucionando lentamente. Voy a mencionar tres estrategias clave para el manejo de este tema.
1) La estrategia centrada en los capos
Estados Unidos se ha enfocado en acabar con los capos, ya sea capturándolos o abatiéndolos. En algunos casos, la amenaza de una captura por parte de Estados Unidos lleva a que los sospechosos se entreguen a las autoridades estadounidenses. Esto es lo que sucedió con la base de la organización de Los Cachiros, quienes se entregaron a Estados Unidos en enero de 2015.
Esta estrategia tiene sus aspectos positivos. Interrumpe la cadena de distribución, aunque los grupos de transportistas se reemplazan fácilmente. También requiere cierta cantidad de voluntad y coordinación política, por lo que es un indicio de los progresos del gobierno local y una importante señal política que se le envía al país de que la impunidad está disminuyendo.
Sin embargo, la estrategia de capos también tiene sus aspectos negativos. Derrocar la cabeza de una organización puede conducir al caos en el área de influencia de ésta, lo que lleva a un incremento de la violencia mientras los grupos se reorganizan y surge un nuevo líder de la organización. Esta estrategia requiere además una enorme inversión de recursos por parte del gobierno local, por lo que se pueden tomar recursos de otras estrategias que son consideradas más importantes, como perseguir a los grupos criminales más violentos (en vez de los grupos narcotraficantes más prolíficos).
2) Interdicción
La segunda estrategia clave para enfrentar el narcotráfico consiste en interceptar el flujo de drogas. La interdicción es un trabajo difícil e interminable, cuyos frutos pocas veces se recogen. Las cantidades estimadas de drogas incautadas son pequeñas en las mejores circunstancias, y mínimas en el caso de los países del Triángulo Norte. Requiere una gran cantidad de recursos, buena voluntad y práctica. Sin embargo, sigue siendo una parte clave de la estrategia de Estados Unidos.
3) Reformar/Reconstruir la policía
La tercera estrategia clave es la de reformar y reconstruir a las fuerzas policiales. El tema constante en lo que se refiere a la ayuda antidrogas de Estados Unidos es cómo sanear y restaurar las fuerzas de policía. Estados Unidos también colabora en el desarrollo de unidades especiales que les ayudan a los agentes antinarcóticos estadounidenses a capturar o abatir a los traficantes de drogas e interceptar los cargamentos de drogas. Este trabajo ha tenido buenos resultados, y muchos policías que pasan por el sistema de filtros de Estados Unidos se convierten en importantes agentes de cambio dentro de sus instituciones.
En este sentido, es importante mencionar el caso de Guatemala, donde se han incorporado cientos de nuevos policías en los últimos años, los cuales han llegado a través de un filtrado más riguroso y quienes pasaron por un largo periodo de formación. Honduras también ha mostrado signos de que está listo para depurar a la policía. Una comisión especial de la policía hondureña, con el aval de la presidencia, ha empezado a expulsar a miembros cuestionables de la fuerza. A diferencia de la mayoría de las comisiones de saneamiento de la policía, esta comisión hondureña ha comenzado desde los niveles más altos para luego enfocarse en los niveles más bajos. Estados Unidos está ayudando a enjuiciar a varios comandantes de la policía por su participación en un caso de tráfico de drogas.
Recomendaciones
Cambiar por completo el curso de la estrategia antinarcóticos es algo difícil y bastante lento. Pero es necesario renovar estas estrategias. A continuación presento tres recomendaciones para mejorar la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos:
1) Conciliar la agenda de Estados Unidos con la de los gobiernos locales
Muchos gobiernos locales reciben gustosamente la ayuda de Estados Unidos. Esto les ayuda a reforzar los servicios de inteligencia, capacitar al personal en múltiples aspectos, y les permite recibir equipos adicionales y otros recursos.
Pero su agenda no necesariamente coincide con la agenda de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a temas de drogas. Muchos de estos gobiernos locales se enfocan en la violencia, específicamente en los homicidios. Y mientras que la agenda de Estados Unidos se interesa en resultados en cuanto a capturas, bajas y extradiciones de capos, los gobiernos locales buscan disminuir las tasas de homicidios y encontrar formas de reducir crímenes como la extorsión.
Sería preferible que Estados Unidos permitiera que la ayuda para estos países se orientara a apoyar las agendas locales. En algunos casos, como el de la reforma policial, estas agendas concuerdan muy bien. Pero en otros, como en cuanto a la mencionada estrategia de capos, no ocurre lo mismo. Seamos sensibles a esto y permitamos cambios en los recursos que corresponden a estas decisiones locales, en lugar de insistir en desviar recursos hacia los objetivos de Estados Unidos. En cuanto a la eliminación de la violencia y la extorsión, esta estrategia también les ayudaría a estos países a detener los flujos migratorios.
2) Enfocarse en las finanzas
Como se señaló, el Departamento del Tesoro ha comenzado a desempeñar un papel importante en la estrategia antinarcóticos. De hecho, no fue hasta que el Departamento del Tesoro incluyó a Los Cachiros en la lista de capos (kingpin list) en septiembre de 2013, que las cosas comenzaron a volverse en contra de ese grupo criminal. El Departamento del Tesoro también incluyó a los Rosenthal en dicha lista, con el fin de coincidir con la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos levantó sobre varios miembros de la familia en octubre de 2015, entre ellos Jaime Rosenthal.
Gran parte de este trabajo puede hacerse desde Estados Unidos. En particular, el Departamento del Tesoro puede esencialmente acabar con una operación sólo con agregar su negocio a la lista de capos, como sucedió con los Rosenthal. Esta estrategia tiene sus aspectos negativos, entre ellos la falta de transparencia en el proceso y la violación del debido proceso de los acusados.
Por eso, además de agregar más transparencia a este proceso y proporcionar alguna manera más eficaz de apelar estas decisiones antes de que sean eficaces, el gobierno de Estados Unidos debe dedicar más recursos a desmantelar las finanzas de estas organizaciones. En el mejor de los casos, estas inclusiones en la lista de capos irían de la mano con las acusaciones.
Ir tras las finanzas de los grupos tiene un beneficio adicional. Es en parte una manera de distanciar a las élites políticas y económicas del crimen organizado. Estas élites pueden abrirles o cerrarles las puertas a los intereses del crimen organizado y del narcotráfico. Muy a menudo esas puertas están abiertas. Estados Unidos puede cambiar esa tendencia investigando y enjuiciando más vigorosamente a esas élites. El caso Rosenthal hizo estremecerse a las élites de la región. Pero Estados Unidos no debe detenerse con el caso Rosenthal.
3) Ofrecer mayor apoyo a las Fiscalías Generales
La policía está en el frente de batalla contra los intereses del narcotráfico, y Estados Unidos ha ayudado por mucho tiempo en el fortalecimiento de esta institución, pero las Fiscalías Generales es donde la guerra se gana o se pierde. Estas fiscalías usualmente carecen de recursos, y en algunos casos están sistemáticamente arruinadas. Sin embargo, como se puede apreciar en el caso de Guatemala, donde la Fiscalía General está nada menos que en el centro de una transformación revolucionaria sobre cómo la gente concibe de justicia y la reforma política en ese país, luego de que el año pasado el presidente y la vicepresidenta renunciaran debido a casos de corrupción, estos organismos son olvidados por las agencias estadounidenses, que pueden ayudarles bastante con capacitación, recursos y apoyo.
Ese apoyo va más allá de ofrecer mejores instalaciones, más servicios de interceptaciones telefónicas y más programas de protección a los testigos. Implica proporcionar apoyo político importante, especialmente en lo que se refiere a los casos en que las poderosas élites que han tratado durante mucho tiempo al gobierno como su perro guardián, están bajo escrutinio judicial. Las fiscalías generales necesitan aliados políticos y apoyo financiero. Estados Unidos puede ser ese aliado, garantizando la independencia judicial y, en definitiva, facilitando las reformas.
FUENTE : Insight Crime.
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